Continúa la persecución contra el Juez Alfredo López

El juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, cobró mayor notoriedad hacia mediados del año 2021, cuando dio curso a una medida cautelar presentada por una abogada. En ella se declaraba la inconstitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) —sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020— y se ordenaba suspender su aplicación en todo el territorio nacional.

Ese mismo principio de polarización ideológica es el que, tres años después, lo llevó a enfrentar un Jury de Enjuiciamiento que busca su destitución, acusado de expresiones antisemitas en sus redes sociales.

Perseguido por opinar

Asistido por los defensores particulares Pedro Mercado y Guillermo Fanego, el juez Alfredo López sostiene que se trata de una persecución ideológica. Una persecución que forma parte de una tendencia no solo argentina, sino mundial: la de criminalizar cualquier crítica al Estado de Israel, un Estado que, desde su fundación en 1948 —el mismo año en que se consolidaba el Apartheid en Sudáfrica—, ha cometido y sigue cometiendo crímenes de guerra y políticas de expansión y ocupación. Su creación, lejos de ser un acto de justicia histórica, representó una derrota para los pueblos oprimidos, producto de la complicidad de las grandes potencias imperialistas de la época: el imperialismo estadounidense, la corona británica, la Francia de la Cuarta República y la vieja España colonial.

La acusación y el descargo

La acusación se basa en un puñado de 40 tweets. Sostiene que López promovió en reiteradas ocasiones el antisemitismo. Sin embargo, como bien sabe todo buen entendedor, la gran mayoría del pueblo judío es asquenazí, y los verdaderos pueblos semitas —al igual que ocurrió con los primeros cristianos— fueron expulsados del territorio que hoy ocupa Israel. Sus descendientes permanecen principalmente en la reducida Palestina histórica, en la Franja de Gaza y en otras comunidades árabes.

La defensa del juez López fue clara y contundente:

• No existieron actos discriminatorios contra la comunidad judía argentina.
• Las organizaciones que lo denunciaron se arrogaron la representación de “toda una colectividad”, algo que ninguna agrupación tiene derecho a hacer frente a un magistrado de la Nación.
• Se denunció la "teatralización" de la acusación.

La semana pasada, ante el Jury, el propio juez López sostuvo que la cuestión trasciende su persona y que sentará un precedente tanto a nivel nacional como internacional. “Lo que está en juego son principios fundamentales de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos. Como jueces no perdemos la condición de ciudadanos”, afirmó.

En su descargo, enfatizó que un juicio político no puede sancionar opiniones personales sobre asuntos de Estado. Sus publicaciones —todas referidas a cuestiones públicas— no generaron ninguna denuncia penal ni demanda civil. Reclamó, con razón, diferenciar claramente entre crítica política legítima al Estado de Israel y cualquier forma de discriminación hacia personas judías.

La causa contra el juez Alfredo López no es un caso aislado. Es parte de un intento más amplio por silenciar voces críticas y por equiparar cualquier cuestionamiento al accionar del Estado de Israel con antisemitismo. Un intento que, de prosperar, sentaría un peligroso precedente contra la libertad de expresión de los magistrados y de todos los ciudadanos.