La justicia "woke" que destruye las familias argentinas

Este tipo de situaciones las vengo describiendo desde hace más de diez años en los distintos medios de comunicación donde trabajé y colaboré.

Hay varios patrones que, a mi entender, se repiten una y otra vez.

Se trata de un debate jurídico, sin dudas, pero también profundamente político. Las legislaciones vigentes, inspiradas en determinadas perspectivas sobre la niñez y la intervención estatal, han colocado a los organismos públicos y a los jueces, amparados en el denominado "interés superior del niño", en una posición que, en muchos casos, termina prevaleciendo por sobre los derechos de los padres.

En la práctica, observo que ante cualquier situación que despierte sospechas o controversias, la respuesta institucional suele ser la misma: separar a la familia. Esa intervención puede derivar en medidas de abrigo, largos procesos de institucionalización e incluso adopciones. Ese es el resultado concreto que producen muchas de estas decisiones judiciales.

Uno de los casos que hoy genera mayor repercusión ocurre en Olavarría.

El Juez de Familia N.º 2, Santiago Arrondo, ordenó la vacunación compulsiva de dos bebés mediante una resolución dictada el 1 de junio de 2026. La medida quedó firme luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, integrada por los jueces Víctor Mario Peralta Reyes y Marcos Federico García, rechazara el recurso presentado por la defensa de la madre.

Con una presentación que realizó una letrada en el Concejo Deliberante de Olavarría, conocimos todas las posibles anormalidades que giraron en este caso , que si se hiciera una película, los que la vieran dirían que se trata de una causa armada, de una cuestión pragmática para alcanzar determinados fines. 
¿ Todavía dudan que la legislación y todo lo que se acciona entre el juzgado y los servicios locales tienen como objetivo la adoptabilidad y la separación de las familias? ¿ No son esos los resultados que alcanzan? El fin justifica los medios, aunque obviamente disfrazado de serio, de sistémico, de justicia. 

El caso dio un nuevo paso el 8 de julio de 2026, cuando la abogada Mónica Graciela Mirácola presentó un extenso escrito ante el Concejo Deliberante de Olavarría, solicitando que el cuerpo intervenga políticamente y ejerza su función de control sobre el accionar de las áreas municipales involucradas.

La presentación busca que el tema deje de ser únicamente un expediente judicial y adquiera relevancia institucional, permitiendo que los concejales investiguen el funcionamiento de las áreas de Salud y Niñez del municipio.

Según la letrada, el caso presenta presuntas irregularidades de extrema gravedad que ameritan un control político además del judicial.

Entre los hechos denunciados por la abogada se encuentran:

• La utilización de estudios toxicológicos preliminares como si fueran resultados definitivos, pese a que posteriormente los análisis confirmatorios habrían dado negativos.
• La administración de Lorazepam a la madre en un contexto de extrema angustia y la posterior utilización del resultado positivo a benzodiacepinas como un elemento para cuestionar su capacidad parental.
• La retención de los bebés en el hospital aun cuando, según la presentación, ya contaban con el alta médica y se encontraban clínicamente sanos.
• La aplicación de nuevas dosis de vacunas pese a que, según la denuncia, existían actuaciones judiciales en curso relacionadas con posibles reacciones adversas sufridas por los menores.
• La falta de información brindada a la familia sobre el lugar donde permanecen alojados los bebés y sobre su estado de salud

Ante el Concejo Deliberante, Mirácola pidió que la documentación presentada sea incorporada a los pedidos de informes ya existentes sobre las áreas municipales de Salud y Niñez, y reclamó que el cuerpo ejerza su función de control institucional investigando el accionar de los organismos involucrados.

La presentación fue acompañada por diversa documentación judicial y administrativa, entre ella impugnaciones realizadas ante el Juzgado de Familia, actuaciones presentadas en la Fiscalía Penal y escritos dirigidos previamente tanto al intendente como al propio Concejo Deliberante.

Para la defensa de la familia, el caso trasciende la situación particular de estos dos bebés y plantea interrogantes sobre los límites de la intervención estatal en los conflictos familiares, el funcionamiento de los organismos de protección de la niñez y las garantías que deben resguardar los derechos tanto de los menores como de sus padres.

Estas situaciones ya ocurren de manera masiva a lo largo y ancho de la Argentina, pero con más impunidad en la provincia de Buenos Aires, donde los jueces tienen todo este tipo de perspectivas de justicia, afines a ideologías políticas enemigas de la familia. 

Sin dudas hay una discusión jurídica en medio, donde varios abogados ya hablan sobre posibilidades para poder denunciar la actuación del propio Estado, pero desde el punto de vista político urge que se vuelva a discutir y reformar la ley de adopciones , la patria potestad y todo lo que rodea este nuevo mal que agitan desde la justicia ordinaria argentina como herramienta de acción de dichas ideologías políticas destructivas.