Trenes Argentinos: la convivencia entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo vuelve a pasar por el taller

Representantes de Alberti y Bragado participaron de una reunión en el Museo Ferroviario de Mechita con el objetivo de impulsar el reconocimiento de la Fiesta del Ferroviario como Fiesta Provincial, una iniciativa que, según sus impulsores, busca poner en valor la historia ferroviaria de la región.

El encuentro fue reflejado por el medio Cuestión Política y posteriormente los asistentes realizaron una recorrida por la planta de Motora Argentina S.A., empresa encabezada por Gustavo Fabre, designado al frente de la firma por Alejandro Javier Hibbert, estrechamente vinculado al empresario Augusto Marini.

La iniciativa legislativa es promovida por el senador bonaerense Germán Lago, quien impulsa el trámite para incorporar oficialmente la celebración al calendario provincial de fiestas populares. El proyecto apunta a reconocer el trabajo desarrollado por el Museo Ferroviario de Mechita y por las distintas instituciones que hicieron posible la primera edición del evento mediante la articulación con sindicatos, organizaciones, empresas y agrupaciones ferroviarias de diferentes puntos del país.

Sin embargo, detrás del reconocimiento cultural aparecen nuevamente los interrogantes políticos y económicos que desde hace meses rodean al sistema ferroviario nacional.

Mientras se impulsa la provincialización de la Fiesta del Ferroviario, el escenario ferroviario continúa marcado por una compleja trama de intereses donde confluyen dirigentes, empresarios, sindicatos y funcionarios vinculados tanto al oficialismo nacional como a sectores del kirchnerismo.

En el medio aparecen contratos millonarios, denuncias por posibles desguaces de material rodante, empresas privadas beneficiadas con adjudicaciones y una red de operadores políticos que vuelve a poner el foco sobre el manejo de los recursos ferroviarios.

Tal como informó el portal Eco Argentino, una de las situaciones que mayor repercusión generó fue la adjudicación de un contrato por casi 4 millones de dólares realizada por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) a favor de Motora Argentina S.A.

La empresa se encuentra bajo el control de Augusto Marini, empresario que ganó notoriedad en los últimos meses no solo por su actividad industrial sino también por ser propietario de los canales de streaming Blender y, especialmente, Carajo, identificado como uno de los principales espacios de comunicación vinculados al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo y a la denominada agrupación Las Fuerzas del Cielo.

La contratación fue aprobada mediante los mecanismos excepcionales previstos por la Emergencia Ferroviaria, modalidad que flexibiliza los procedimientos habituales de contratación pública.

El contrato contempla la provisión de repuestos para locomotoras y coches de la Línea San Martín por un monto de 3.813.797 dólares.

Mientras tanto, otro episodio mantiene a Bragado en el centro de la escena ferroviaria.

Días atrás, el dirigente sindical Rubén "Pollo" Sobrero entregó personalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel un informe en el que expresa su preocupación por el destino de los coches Talgo IV trasladados a Bragado.

El documento dedica un capítulo específico a la situación de estas formaciones españolas bajo el título "El destino de las formaciones Talgo IV: corrupción y desguace encubierto", donde establece un paralelismo entre antiguos negociados ferroviarios ocurridos durante la gestión del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y decisiones adoptadas por la actual administración de Trenes Argentinos.

Entre los principales puntos señalados por el gremio figuran:

• El traslado, durante mayo de 2026, de nueve coches Talgo hacia Bragado, con una segunda tanda prevista de otras nueve unidades.
• La explicación oficial sostiene que la medida respondió a una falta de espacio en otros talleres y a la necesidad de resguardar temporalmente las formaciones.
• Sin embargo, desde la Seccional Oeste encabezada por Sobrero aseguran que el verdadero objetivo sería avanzar en un desguace definitivo de los vagones lejos de la mirada pública.
• Además, reclamaron una auditoría urgente y calificaron como "inadmisible" que las playas ferroviarias de Bragado sean utilizadas como un "cementerio de chatarra", exigiendo preservar un patrimonio que consideran perteneciente al Estado.